En una sesión cargada de tensión política, la Cámara de Senadores dio luz verde a la nueva fórmula jubilatoria que ajusta los haberes en un 8,1% y los vincula al Índice de Precios al Consumidor (IPC), añadiendo además un aumento anual. Con 61 votos a favor y 8 en contra, y a pesar de las ausencias, el proyecto fue aprobado en general y en particular, aunque la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, no estuvo presente en el momento de la votación
Previamente, el presidente Javier Milei había advertido que podría vetar la ley, defendiendo el equilibrio fiscal como pilar de su plan económico. Durante la sesión, reafirmó su postura a través de redes sociales, respaldando la advertencia del subsecretario de prensa, Javier Lanari, sobre las posibles consecuencias políticas.
El debate estuvo marcado por las posturas encontradas. El senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria, abrió la discusión destacando la crisis del sistema previsional y la necesidad de una respuesta estatal. Subrayó que la ley es un acto de justicia para los jubilados que han visto menguar su poder adquisitivo.
Por su parte, el radical Martín Lousteau defendió la medida como un mínimo acto de justicia, recordando que desde 2017 los haberes jubilatorios han perdido un 45% de su valor. Lousteau criticó con dureza la política de ajuste del gobierno, señalando que, si bien Milei admitió haber “pasado la mano”, las consecuencias son reales y afectan a los sectores más vulnerables.
En el otro extremo, el senador Bruno Olivera Lucero, de La Libertad Avanza, propuso modificaciones al proyecto, eliminando varios artículos, lo que reflejó la posición crítica de su bloque.
La senadora Juliana Di Tullio respondió con firmeza a las amenazas de veto del presidente, acusándolo de irresponsabilidad fiscal y social por haber generado altos niveles de pobreza e indigencia en un corto período.
La ley, que ya contaba con media sanción de Diputados, introduce cambios significativos en la fórmula de movilidad jubilatoria, vinculándola al IPC y al RIPTE, con actualizaciones semestrales y un aumento adicional anual. Además, obliga a la ANSES a hacerse cargo de las deudas de las cajas previsionales provinciales, financiándolas con impuestos nacionales.
El futuro de la ley ahora depende de la respuesta del Ejecutivo, aunque el Congreso podría insistir en su aprobación con una mayoría especial si Milei cumple su amenaza de veto.
Fuente: C5N