En una revelación que parece sacada del manual más ortodoxo del ajuste, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho público un informe este lunes que expone un pacto que el gobierno de Javier Milei ha sellado con carácter de urgencia: la reducción de los subsidios a los servicios esenciales de luz, gas y transporte público. Este acuerdo, al que no ha faltado el compromiso visceral del presidente, impactará con dureza en los sectores más vulnerables de la población.
El escenario es claro. Milei ha decidido emular las recetas neoliberales más cruentas, aumentando el costo de vida en una espiral que parece no tener fin. El porcentaje del salario que los argentinos deben destinar a pagar las facturas de servicios esenciales se disparará, alcanzando niveles históricos, según diversas consultoras. De hecho, para los hogares de ingresos altos, esta carga alcanzará cifras nunca vistas en los últimos 30 años.
En el programa De Una, la periodista Rosalía Constantino lanzó una advertencia que suena más a lamento que a simple observación: “Las tarifas con los aumentos que vamos a ver ahora están todavía lejos de pagar el costo pleno, sobre todo para los sectores de clase media y vulnerables.”. Una sentencia que deja entrever la brutalidad de lo que se avecina.
Un informe reciente de la Universidad de Buenos Aires detalla con precisión quirúrgica el incremento del costo de la energía eléctrica durante los primeros seis meses de la administración de La Libertad Avanza. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cifra se multiplica por cinco desde diciembre a junio. “Cinco veces más”, susurran los datos, como un grito silenciado en la noche de los barrios porteños.
Y esto es solo el principio. En agosto, la senda de la austeridad trazada por el FMI exigirá nuevos incrementos en las tarifas de luz y gas, endureciendo aún más la vida de los ciudadanos. La sumisión al dictado del FMI no es una novedad, pero sí lo es la velocidad y profundidad del ajuste que Milei ha decidido aplicar.
La consultora MAP Economics & Business proyecta que el aumento de tarifas y la baja en los costos de producción derivarán en una reducción significativa de los subsidios a la energía. Los números son fríos pero reveladores: un ahorro fiscal en electricidad de u$s13 por MWh, que representa aproximadamente el 30%, con u$s4 explicados por la suba de tarifas y u$s9 por la reducción en el costo de generación. En el gas natural, el ahorro sería de 0,6% por MBTU, un 20%, debido principalmente a la disminución en el costo de abastecimiento.
Sin embargo, el impacto en las arcas del Estado no es menor. Los subsidios se reducirán al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) este año, lo que equivale a unos US$6.400 millones, con un ahorro de 0,5 puntos porcentuales. Pero este “logro” no llega sin su cuota de artimañas fiscales. La consultora señala que el gobierno de Milei ha optado por saldar las deudas con las generadoras y productoras de gas en diciembre de 2023 y enero de 2024 mediante la emisión de bonos y la postergación de pagos, en un intento desesperado de maquillar las cuentas públicas. (C5N)