El conflicto por mejoras salariales en la provincia de Misiones ha cumplido hoy su séptimo día, con la ocupación pacífica del Ministerio de Salud provincial, cortes de calles en Posadas y la amenaza del gobierno provincial de despedir a los policías que participen en las protestas. El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, declaró que la “sublevación de policías es inadmisible” y advirtió que los efectivos involucrados enfrentarán despidos y sanciones penales.
El miércoles, trabajadores del Ministerio de Salud ocuparon pacíficamente la sede de la cartera sanitaria en rechazo al acuerdo paritario firmado por el gobierno provincial y los gremios UPCN y dos seccionales de ATE. Los trabajadores exigen una recomposición salarial del 100% para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.
Paralelamente, los empleados de la empresa Energía de Misiones S.A. (Emsa) cortaron la calle La Rioja en Posadas, reclamando una actualización salarial que respete el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Carlos Vignolo, delegado del Sindicato de Luz y Fuerza, afirmó que la empresa ofrece aumentos insuficientes y que continuarán negociando hasta alcanzar un acuerdo justo.
La situación también involucra a docentes y policías, quienes mantienen un acampe en la avenida Uruguay, uno de los principales accesos a Posadas. Ramón Amarilla, vocero de la policía, demandó un incremento salarial del 100% y la amnistía para los efectivos que apoyan las medidas de protesta. Amarilla criticó duramente las ofertas del gobierno provincial, calificándolas de insuficientes y una falta de respeto hacia los trabajadores.
El miércoles, docentes y policías marcharon juntos por el centro de Posadas, encontrándose con los trabajadores de la salud y manifestándose frente a la Casa de Gobierno para ratificar la unidad de los reclamos. Las protestas continuaron el jueves con cortes en la ruta nacional 14, a la altura de San Vicente.
La situación en Misiones refleja un profundo descontento social y laboral, con múltiples sectores exigiendo mejoras salariales que les permitan recuperar su poder adquisitivo y afrontar el aumento del costo de vida. El gobierno provincial enfrenta un desafío significativo para resolver este conflicto y restaurar la paz social.
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