La Mesa Nacional del Transporte ha convocado un paro nacional de 24 horas para el próximo 30 de octubre. Esta decisión surge en medio de la creciente preocupación por los intentos del gobierno de Javier Milei de privatizar Aerolíneas Argentinas y las negociaciones sin resolución entre los pilotos y sus empleadores.
Originalmente, el paro estaba programado para el 17 de octubre, coincidiendo con el Día de la Lealtad Peronista, pero se optó por retrasarlo para evitar conflictos con un posible acto del peronismo ese día. Finalmente, se estableció que la medida se ejecutará a fin de mes y se llevará a cabo sin movilizaciones, afectando así a trenes, aviones, camiones y barcos en todo el país.
Uno de los puntos más destacados es la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de colectivos, de no sumarse a esta protesta. Este sindicato, que actualmente se encuentra en medio de negociaciones salariales bajo un período de conciliación obligatoria que termina el 29 de octubre, no participará en la movilización. La UTA no estuvo presente en la reunión de la Mesa Nacional del Transporte, lo que generó incertidumbre sobre su posible adhesión.
Pablo Moyano, líder del sindicato de Camioneros, se ha manifestado sobre el tema, señalando que los choferes están invitados a unirse al paro, y que se realizarán negociaciones en las próximas semanas para facilitar su participación. “Los que suben a un colectivo sufren los mismos problemas que todos los gremios de transporte: la inflación y el Impuesto a las Ganancias”, afirmó Moyano, resaltando la importancia de la unidad en la lucha laboral.
La Mesa Nacional del Transporte, creada a finales de septiembre, tiene como objetivo “defender los derechos laborales” y “rechazar cualquier regulación del derecho a huelga”. Esta coalición incluye a líderes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que han mantenido posturas encontradas en el pasado.
La decisión de llevar adelante el paro responde a un contexto de crisis social y económica, donde los trabajadores del sector sienten la presión de medidas que impactan directamente en sus condiciones laborales y derechos.