En Tucumán, el Centro Médico Sanarte, un prestador de servicios de baja complejidad, facturó al PAMI 2.500 millones de pesos en solo ocho meses. El escándalo no solo involucra a funcionarios de la gestión libertaria sino también al bussismo, aliado clave de Javier Milei en la provincia. Según fuentes consultadas por LPO, sectores de Fuerza Republicana habrían ejercido presión para silenciar la denuncia y evitar que la polémica estalle.
Sanarte SRL, ubicado en San Miguel de Tucumán y administrado por Guillermo Isa Massa, se presenta como un centro médico sin prestaciones de alta complejidad, pero con un notable aumento en su facturación desde el triunfo de Milei. En noviembre de 2023, el centro había facturado $42 millones al PAMI, pero un mes después, ya bajo la gestión libertaria, esa cifra se disparó a $228 millones. Para julio de 2024, la cuenta había escalado a $497 millones.
Comparando con el mismo período del año anterior, Sanarte aumentó su facturación casi 50 veces. “No hay manera de que facturen eso, menos con las prestaciones que tienen”, advirtió a LPO una fuente del sector. Una auditoría reveló que el centro médico estaba realizando sobreprestaciones de prácticas que nunca se llevaban a cabo y sobreprescribiendo medicamentos cuyo destino final es desconocido.
El posible desfalco, aún no hecho público, ya causó la caída de Martín Fernández González, un funcionario cercano a Ricardo Bussi que asumió en mayo de este año la dirección del PAMI Tucumán. Antes de él, Mariano Usandivaras, también vinculado a Fuerza Republicana, había renunciado a los dos meses de asumir a fines de febrero.
La gravedad del asunto se intensifica por el impacto directo en los jubilados. Las maniobras de Sanarte hacían que los afiliados al PAMI consumieran rápidamente sus prácticas y recetas mensuales, en un contexto donde el ajuste estructural del PAMI impulsado por el gobierno de Milei ya está dejando a muchos jubilados sin poder acceder a sus medicamentos esenciales.
Lo más extraño del caso es que, después de encargar las auditorías a través de sus funcionarios, el propio Ricardo Bussi intentó ocultar los resultados. Dirigentes del bussismo y gremios asociados al centro médico presionaron para que los informes negativos sobre Sanarte no salieran a la luz, según revelaron fuentes cercanas al caso a LPO.
La preocupación se extiende entre los prestadores privados, quienes temen que el gobierno nacional, ante el inminente escándalo, decida frenar los pagos a todo el sector.
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